¿Poder o Justicia?


Acabo de encontrarme un artículo de Hernán Pérez Loose (El Universo, 11.12.2007), que estimo muy apropiado. Y que ya mismo lo presento.

Hace un par de años, escribí un email al director de Diario El Comercio. Pedía que se sincere la información y dejaran de tapar los excesos de Lucio Gutiérrez, el autodenominado dictócrata. En aquel tiempo no tenía este blog. Creo que está repitiéndose la cosa: son muy pocos los periodistas que valientemente dicen las cosas de frente: ¡que el Ecuador vive en dictadura!

El señor Correa recibió el mandato popular y legítimo de ser presidente – no dictador. Quiero dejar bien clara mi postura: el Ecuador vive una dictadura desde que el gobernante – señor Correa – destituyó a más de la mitad de los diputados. Independiente del hecho que el parlamento ecuatoriano ha sido caldo de cultivo de corrupción desde que se volvió a la democracia a finales de los 70, en una buena democracia los poderes han de estar bien distribuidos; el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, rueda cada uno en su órbita respectiva, sus jurisdicciones se tocan, pero jamás se confunden: si el uno quiere conquistar algo, si pone el pie en el territorio de los otros, piérdese el equilibrio, tambalea la máquina, se desquicia y cae desbaratada” (Juan Montalvo).

En todo caso, como también lo he dicho, el señor Correa es fiel representante de lo que quiere la gran mayoría de ecuatorianos: no le interesa libertades básicas ni derechos humanos sino un puro desfogue a sus frustraciones.

Antes de presentar el artículo en cuestión una reflexión:

Cuando los gobernantes no se someten a un sistema judicial apropiado – de hecho cuando intentan ponerse a sí mismos como autoridad exclusiva con el propósito de sacar beneficio de la gente – entonces son transgresores de la ley y deben ser removidos. La Guerra Civil Inglesa del siglo diecisiete fue peleada sobre la cuestión de si el Rey, Carlos Primero, estaba en franca violación de los principios fundamentales de esta ley. El intentó ponerse a sí mismo por encima de esta ley invocando un “derecho superior” que le pertenecía sólo a él “por ser un rey“… Carlos afirmó que su posición de rey le daba un derecho absoluto para gobernar sobre la base de principios que existían sólo en su mente. El Parlamento Inglés venció a las fuerzas del rey en batalla, lo llevó a juicio y lo ejecutó por esta ofensa… En aquel tiempo los reyes eran mucho más respetados y temidos, y uno debía tener una base firme como para ejecutar a uno de ellos”. Rabí Yirmeyahu Bindman, “Los Siete Colores del Arco Iris”

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La larga sábana militar

Hernán Pérez Loose
El Universo (Ecuador), 11.12.2007

Los dictadores siempre han tenido que vérselas con las palabras. Si las palabras siempre incomodan al poder, mucho más incomodan a los dictadores. Por ello es que si, como decía Lord Acton, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, las palabras son lo primero que el poder corrompe. Ellas son, en realidad, lo primero que confiscan las dictaduras. Antes de confiscar las propiedades, las libertades o las ilusiones, lo primero que hacen los dictadores es confiscar las palabras. Confiscadas las palabras, pueden arrollar con lo demás.
Esto no es nuevo. La historia está repleta de estos casos. El más reciente es el de Montecristi. Las palabras preferidas de la mayoría son “pueblo”, “estado de derecho” y “derechos humanos”. No importa que con sus manos alzadas traicionen al pueblo, rompan el estado de derecho y violenten los derechos humanos. Eso no importa. Lo que importa es repetir y repetir que el pueblo es “soberano”, que vivimos en un “estado de derecho” y que los “derechos humanos” son respetados.

No importa si el estatuto que el pueblo aprobó es violado. Como en efecto se lo ha violado. No importa si se rompe la Constitución. Como en efecto se la ha roto. No importa si se viola burdamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como en efecto se la ha violado. (Solo un ejemplo: mientras que el Pacto de San José garantiza el tener acceso a los jueces para cuestionar los actos de los poderes públicos, la Asamblea manda precisamente lo contrario, que sus decisiones no son impugnables y que el juez que se atreva a aceptar un reclamo será destituido.) Lo que importa es decir algo y hacer lo contrario.

Pero las palabras no son suficientes. Una dictadura, por muy popular que sea su líder, necesita de las armas para su supervivencia. Nunca ha habido una dictadura que subsista sin el apoyo militar.

No ha sido, entonces, una coincidencia la progresiva militarización del quehacer gubernamental desde hace meses. Sin licitación, sin concurso, simplemente a dedo, uno tras otro importantes contratos públicos han ido siendo entregados a las fuerzas armadas. Todo esto bajo la mirada timorata de los organismos de control.

Como tampoco fue una coincidencia que el día del golpe, Petroecuador, en grosera violación de la ley, fue virtualmente entregada a los militares. Ni lo fue aquella declaración pocas horas antes de que las Fuerzas Armadas iban a ser leales a la Asamblea (ya no a la Constitución…). Ni resulta extraño ese verdadero frenesí por devolver a una de sus ramas –hasta ahora al margen de esta suerte de cogobierno– los dos aeropuertos que jamás supieron administrar eficientemente. Ni el uso por parte de la mayoría constituyente de esa frasecita tan querida de nuestros militares cuando inauguran sus dictaduras: declárase vigente tal Constitución y las leyes expedidas, en tanto no se opongan a nuestros planes.

Gracias a la larga sábana militar nuestros nuevos dictadores podrán hacer lo que les venga en gana. Al menos por ahora.

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Acerca de Juan Mayorga Zambrano

Juan Mayorga Zambrano, Ph.D. Profesor Investigador Ecuador
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